Francia, escándalo Clearstream. Espionaje y tentativas de “asesinato político” en la cúspide del Estado

Philippe Rondot, general de división, jubilado como consejero del ministerio de la defensa para asuntos de espionaje, ha declarado a dos jueces de instrucción que Dominique de Villepin, primer ministro, y Michèle Alliot-Marie, ministra de la defensa, le ordenaron investigar unas imaginarias cuentas bancarias extranjeras de Nicolas Sarkozy, ministro del interior, para intentar mancharlo políticamente, siguiendo instrucciones personales de Jacques Chirac, jefe del Estado.

 

Se trata de uno de los más oscuros, turbios y torpes escándalos de Estado de las últimas décadas, con insondables ramificaciones políticas nacionales, dignas de una novela policíaca escrita por un tosco discípulo de Shakespeare.

El escándalo ha tardado apenas dos años es ascender desde las letrinas hasta la cúspide del Estado. Entre los meses de mayo y junio del 2004 los jueces que instruían el escándalo de las comisiones ocultas pagadas por la compañía nacional Thomson-CSF para vender fragatas a Taiwán recibieron dos listas bancarias en las que numerosas personalidades empresariales y políticas figuraban como beneficiarias de pagos ilegales, realizados en cuentas domiciliadas en una institución financiera de Luxemburgo, Clearstream.

 

Entre las personalidades políticas figuraban Nicolas Sarkozy, ministro y candidato a la presidencia de la República, Alain Madelin, ex ministro (liberal), y Dominique Straus-Kahn, ex ministro (socialista). Sus nombres fueron filtrados a la prensa pocas semanas más tarde. Sarkozy, Madelin y Straus-Kahn denunciaron inmediatamente la manipulación, pero la mancha de la difamación creció vertiginosamente durante varios meses.

 

Un año más tarde, los jueces instructores terminaron denunciando ellos mismos una “visible tentativa de intoxicación y desacreditación de personalidades políticas”. El largo rosario de las filtraciones judiciales dejó al descubierto un oscuro campo de minas. Los “acusados” denunciaron la manipulación y la “tentativa de asesinato político”. Considerándose víctima de oscuras maquinaciones, Sarkozy decidió querellarse contra “X”, pidiendo la intervención de la justicia. Y es la investigación judicial, en curso, la que acusa a Chirac, Villepin y Alliot-Marie de haber utilizado los servicios del espionaje nacional para intentar desestabilizar políticamente a Nicolas Sarkozy.

 

Primer ministro y ministra de la defensa fueron los primeros en hacer revelaciones y desmentidos parciales. Pero Le Monde ha publicado una parte de la deposición oficial del general Rondot, ante los jueces, con acusaciones inquietantes para el jefe del Estado, el jefe de gobierno y la ministra de la defensa.

 

Según el general Rondot, su ministra de tutela, Michèlle Alliot-Marie, y Dominique de Villepin, siendo ministro de asuntos exteriores, a primeros del 2004 –meses antes de las primeras intervenciones judiciales–, siguiendo instrucciones del presidente de la República, le ordenaron espiar e investigar las imaginarias cuentas bancarias de Sarkozy, en Clearstream, en Luxemburgo.

 

Según el general Rondot, fue Villepin quien lo convocó en el Quai d’Orsay –sede oficial del ministerio de asuntos exteriores–, en presencia de un diplomático y hombre de empresa, Jean-Louis Gergorin, vicepresidente ejecutivo de EADS, el gran consorcio armamentista europeo, que le entregó la lista bancaria que “acusaba” a Sarkozy. Todas las fuentes judiciales sospechan que fue el mismo Gergorin, amigo íntimo de Villepin, quien envió a los jueces las mismas listas, con el fin de manchar y “asesinar” políticamente al ministro del interior. Según las mismas fuentes, tales listas, falsas y difamatorias, pudieron ser “producidas” por un torvo personaje, Imad Lahoud, “director científico” de EADS, “compinchado” con Gergorin, enriquecido, hace años, como gestor de cuentas bancarias de magnates árabes, en Luxemburgo, precisamente.

 

El Elíseo ha publicado un comunicado “desmintiendo” la más mínima implicación presidencial en el escándalo. Villepin insiste en su inocencia absoluta. Sarkozy calla y encaja, a la espera del imprevisible alcance político del escándalo.

 

La instrucción judicial del escándalo sigue su curso. No son nada descartables nuevas revelaciones. Sin embargo, las deposiciones del general Rondot, acusando a Villepin y Alliot-Marie de ordenarle espiar a Sarkozy, por orden de Chirac, tienen un alcance insondable.

 

“Carbonizado” tras la penosa crisis del Contrato primer empleo (CPE), Dominique de Villepin continúa hundiéndose en un pozo de oscurísimas ramificaciones. Y se especula con un posible cambio de gobierno, que, paradójicamente, Nicolas Sarkozy quizá sea el primero en intentar evitar. Destruido políticamente, Villepin le sirve como “escudo”. Una dimisión o cambio de gobierno introduciría un nuevo personaje en la escena nacional, que bien pudiera ser Jean-Louis Borlo, ministro de asuntos sociales, a quien pudieran crecerle unas calladas ambiciones presidenciales.

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Francia, empantanada y aislada de Europa.